Además de Rocha Moya, los otros señalados por Estados Unidos son el senador Enrique Inzunza Cazarez; Enrique Díaz Vega; Dámaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Aviles; Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.
Dicho caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, puntualizó.
Por su parte, el director de la DEA Terrance Cole detalló que “el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”.
“Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”, puntualizo el funcionario.