En México, 169 periodistas fueron asesinados en los últimos 20 años, un promedio de ocho al año, y el 99 % de estos crímenes sigue sin esclarecerse por completo, señaló este martes la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
En el lanzamiento de un monitoreo de los asesinatos, presentado este día, la organización llamó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “para que adopte, con carácter de urgencia, todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los periodistas“.
Con esas cifras, dijo, se infiere que los asesinatos de periodistas ocurren en un “contexto de impunidad prácticamente absoluta“, indicó el reporte.
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Además, explicó que en un escenario marcado por el “fracaso del sistema judicial” y las “fallas del Estado” en la protección de los periodistas, “el crimen organizado y la corrupción aparecen como los principales responsables de esta serie de asesinatos de profesionales de la información, la más prolongada en un país en paz en el siglo XXI”.
“Desde hace 20 años, en México, los periodistas son vistos como una amenaza por un entramado de gobernanza criminal (…) Hablar de los periodistas asesinados en México es hablar de casos de tortura, decapitaciones y cuerpos abandonados en plena calle junto a mensajes de advertencia”, expresó en el comunicado Artur Romeu, director de RSF para América Latina.
Sistema judicial ineficaz y corrupto
También añadió que hablar del periodismo en México “es hablar también de un sistema judicial que, en el mejor de los casos, es ineficaz y, en el peor, corrupto, y que llega incluso a dirigir acusaciones contra los propios periodistas”.
RSF dijo que, si bien los cárteles y el crimen organizado “son los principales responsables de la mayoría de estos crímenes”, señalarlos como responsables, sin destinar los recursos para detenerlos ni poner fin a las redes de complicidad que los protegen, también compromete la responsabilidad del Estado mexicano”.
En el texto se precisó que menos del 1 % de los crímenes fueron esclarecidos por completo, y que en 20 años, 168 de los 169 asesinatos de periodistas “no ha permitido identificar al autor intelectual ni esclarecer el móvil del crimen”.
Sin embargo, dijo RSF, en muchos de estos casos, “los carteles aparecen señalados como responsables e incluso llegan a reivindicar los asesinatos” y en otros, existen indicios de su posible participación.
También refirió el trabajo de la ONG Propuesta Cívica, organización defensora de la libertad de expresión, aliada de RSF en México y que brinda apoyo a las familias de periodistas asesinados.
Añadió que la organización ha documentado numerosas irregularidades en las etapas iniciales de las investigaciones, un momento crucial para el esclarecimiento de los crímenes, entre ellas, “pérdida o conservación inadecuada de pruebas, líneas de investigación incompletas, falta de análisis del contexto, coordinación deficiente entre las autoridades y, en muchos casos, ausencia de voluntad política”.
RSF reconoció que, pese a estas deficiencias, México cuenta desde 2006 con una unidad especializada en investigar los delitos cometidos contra periodistas, cuyo mandato fue ampliado en 2010 para dar origen a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
Además, desde 2012 existe un mecanismo federal de protección destinado a reforzar la seguridad de los periodistas, y al 31 de agosto de 2026, 701 periodistas se encontraban incorporados a este mecanismo, según datos del Gobierno mexicano.
Y explicó que desde la creación de la Feadle, “las condenas por asesinatos de periodistas han aumentado”: de cinco sentencias dictadas entre 2006 y 2016 se pasó a al menos 33 durante la década siguiente. En total, 21 casos han sido esclarecidos parcialmente.
Con información de EFE.
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