Cruz Pérez Cuéllar no ha logrado quitarse la sombra que le proyecta la Drug Enforcement Administration. La investigación sobre sus presuntos nexos con el crimen organizado sigue ahí, latente, como un expediente que no se cierra, y que ya le habría costado casi la visa. Para distraer la atención, el alcalde de Juárez apunta hacia Chihuahua capital y acusa a Marco Bonilla de orquestar un complot en su contra desde el Palacio Municipal, pero no ha presentado una sola prueba concreta. Lo más reciente fue un intento burdo: filtraciones de “noticias” que aseguran que la DEA también investiga al alcalde panista. Pero todos saben quién paga esos portales y por qué.
El que se dice perseguido y luego inventa enemigos, lo que en realidad busca es impunidad.
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La gobernadora Maru Campos rompió el silencio y acusó directamente a Pérez Cuéllar de abandonar su responsabilidad en Ciudad Juárez, mientras se dedica a hacer campaña por todo el estado. Reuniones, acarreados, propaganda, eventos… todo financiado con recursos cuya procedencia debería investigarse. Mientras tanto, en Juárez, los servicios públicos colapsan, la inseguridad crece y el bacheo es un espejismo. Lo más grave: sectores empresariales aún respaldan a un personaje que, con tal de llegar al 2027, deja a su ciudad como rehén.
Cuando el dinero público se usa para ambiciones privadas, la factura la paga el pueblo… y con intereses.
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La diputada Brenda Ríos, de Morena, propuso un micrositio para fiscalizar el uso de los créditos solicitados por Marco Bonilla. Una idea interesante… si no viniera del mismo partido que votó por la desaparición del IFAI y que debilitó al ICHITAIP. Morena destruyó los mecanismos institucionales de rendición de cuentas y ahora pretende crear uno a modo, exclusivo, para fiscalizar a un alcalde opositor. Lo que no quieren ver es que no se puede ser juez de lo que uno mismo incendió. Exigen vigilancia ajena, pero rechazan la propia.
Para Morena, la transparencia solo es útil cuando se usa como garrote contra sus adversarios.