En el ejercicio de los recursos del FORTAMUN, el Gobierno Municipal de Juárez autorizó dos contratos por más de 52 millones de pesos para equipar a su personal policial y de formación. Uno de ellos, firmado con POWER HIT S.A. de C.V., incluía la compra de 700 chalecos balísticos y 90 cascos; sin embargo, según la Auditoría Superior de la Federación, el proveedor no presentó pruebas balísticas certificadas, requisito indispensable en este tipo de adquisiciones.
Además, se detectó que hasta el 30% de los chalecos permanecían en bodega, sin haberse entregado al personal operativo, y con una vigencia restante de sólo seis meses, lo que pone en duda su efectividad futura. En un segundo contrato, por 36.2 millones de pesos, se pagaron uniformes a SAQUINSA EXPORT IMPORT S.A. de C.V., pero la revisión física de la ASF reveló que varios de los artículos no incluían mecanismos de trazabilidad, como códigos QR o de barras, indispensables para validar su uso oficial.
Entre las observaciones más llamativas, se reportó que las playeras para cadetes no cumplían con las especificaciones del anexo técnico y que, según la propia Academia de Policía, en 2022 no se entregaron las prendas requeridas. El paquete completo, aunque pagado, habría llegado incompleto o sin los requisitos mínimos que garanticen su uso legítimo y conforme a norma.